Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, las reformas de 1985, 2003, 2011 y 2013, han ido adecuando las prestaciones del sistema a las realidades económicas y demográficas de nuestro país.
Todas estas medidas centradas en la contención del gasto, tendrán como consecuencia que la tasa de sustitución en España, es decir, el porcentaje de la pensión sobre el último salario, pasará progresivamente del 79% actual al 52% en 2050. A modo de ejemplo un pensionista de la Unión Europea está recibiendo para un salario de 1.000 € una pensión media de 425 €, mientras que un español recibe hoy 790€, es decir, un 86% más.
A pesar de esta reducción de 30 puntos, un 35% menos, que puede parecer sorprendente, la comparación con la tasa de sustitución media actual en la Unión Europea, que es del 42,5%, sitúa a la española con 37,5 puntos porcentuales más.
La entrada en vigor de las reformas aprobadas contempla un largo período transitorio que culminaría en 2.027 y que dificulta la percepción por parte de los trabajadores del impacto de las referidas reformas en sus futuras pensiones. Esta pérdida de poder adquisitivo requiere un esfuerzo adicional durante la etapa laboral, de forma que se pueda paliar la diferencia entre lo percibido en activo y la pensión pública a percibir en la jubilación.
| Pongamos un ejemplo; un trabajador de 39 años de edad, que comienza su etapa laboral a los 30 años y llega a los 67 años de edad con un sueldo previo a la jubilación de 2.000 € habiendo cotizando durante 35 años. Según la evolución prevista en el cuadro superior, si se jubilase hoy percibiría una pensión de 1.580 €, sin embargo, atendiendo a la aplicación de las reformas ya aprobadas, en el 2045 el año en que cumpliese los 67 años, su pensión será previsiblemente de 1.072 €. |
La información sobre el importe estimado de la pensión futura es un derecho recogido en nuestra Ley 27/2011 que, seis años después, está pendiente de convertirse en una realidad. El envío de la información sobre la pensión futura estimada ayudaría a tomar conciencia y adoptar las necesarias medidas de ahorro, como ya sucede en diez países de la Unión Europea, tales como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.
